CRIMINALIZAN LAS LUCHAS AMBIENTALISTAS LOS GOBIERNOS PANISTAS.

Se movilizan los habitantes ante la voracidad de inmobiliarias y el mal manejo de desechos

Los gobiernos panistas de Morelos criminalizan las luchas ambientales
■ Padecen persecución oficial desde líderes comunales hasta científicos
■ Repartir volantes o desplegar una manta de protesta son causas de detención, además de que se califica de ecoterrorismo
Angélica Enciso L. /I (Enviada)
Ampliar la imagen Ceremonia en el manantial Chihuahuita, en el municipio morelense de Zapata, amenazado por inmobiliarias Foto: Guillermo Luna
Cuernavaca, Mor., 6 de julio. En Morelos, donde comunidades indígenas y habitantes han emprendido la defensa de sus recursos naturales ante el crecimiento de unidades habitacionales que acaparan el agua, los daños a la salud ocasionados por el tiradero a cielo abierto en Tetlama y por el proyecto del relleno sanitario en Loma de Mejía sobre un acuífero, la respuesta de los gobiernos panistas ha sido la criminalización de las luchas, la persecución policiaca y la represión.
Testimonios dados a La Jornada por dirigentes comunales y sociales, defensores de derechos humanos y científicos dan cuenta del clima represivo que se vive en la entidad, donde el simple hecho de repartir volantes o colocar una manta de protesta es causa de detención. A los luchadores ambientales la policía los arresta arbitrariamente, el gobierno estatal los liga con grupos radicales, descalifica el motivo de sus protestas y de manera anónima se corren versiones de que se trata de “ecoterroristas”.
“El gobierno hace una criminalización de los movimientos sociales, encajona al máximo las movilizaciones en el marco jurídico, y los somete a toda clase de agresiones, juicios, órdenes de aprehensión y encarcelamiento; crece el número de detenidos y también las agresiones físicas”, señala José Martínez Cruz, de la Comisión Independiente de Derechos Humanos.
Recuento de violencia
Los casos violentos más recientes están relacionados con el relleno sanitario proyectado en Loma de Mejía, en el ejido San Antón. El agente municipal de este lugar, Cristóbal Martínez, recibió el 11 de junio una golpiza que casi le hace perder un brazo y días después policías presuntamente asesinaron a un campesino de la comunidad El Cebadal y detuvieron a dos familiares de éste, quienes, a pesar de que no participan en ningún movimiento, sufrieron las consecuencias de la enorme presencia de uniformados en la zona a causa de la construcción del relleno, señala Martínez Cruz.
El pasado 17 de junio, 295 investigadores de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) enviaron una carta al gobernador, Marco Antonio Adame, en la que expresan su preocupación por “el carácter que han tomado las discusiones en torno a Loma de Mejía y a la existencia de acusaciones injustificadas e irresponsables, como son la de ecoterrorismo o vinculación con grupos armados, tememos por la integridad física y moral de los investigadores y colaboradores que han participado en la elaboración y difusión del arbitraje del proyecto”.
Desastre ambiental
Aquí “hay una crisis socioambiental muy fuerte que se agudizó después del cierre del tiradero de Tetlama, lo cual ocasionó la acumulación de la basura en la ciudad por varias semanas. El movimiento creció; ya que Alpuyeca también fue afectada por la proliferación de contaminantes y hubo denuncias de un aumento notable de casos de cáncer”, indica el defensor de derechos humanos.
A partir del cierre del tiradero y de los problemas para su disposición –actualmente los desechos se envían al estado de México– la lucha creció. Ya no era sólo la basura, sino la defensa del agua y la tierra ante el riesgo de contaminación por la proliferación de gasolinerías, debido a que durante el último año de gobierno de Sergio Estrada Cajigal se dieron cientos de permisos para esas instalaciones, aun en áreas donde hay manantiales. Al tiempo que esto ocurrió, también lo hizo la persecución a los movimientos sociales, explica.
Se han hecho campañas de desprestigio, como un volante anónimo que apareció en las calles de esta ciudad en el que se señalaba a varios de los opositores al relleno sanitario de Loma de Mejía como “ecoterroristas”, entre ellos, además de Martínez Cruz, se mencionó a Raúl García, investigador de la UNAM; Cristóbal Martínez, el agente municipal agredido, el presidente municipal de Temixco, Javier Orihuela, y José Montes, del PRD municipal.
Los 13 pueblos en defensa del agua, el aire y la tierra protegen el manantial Chihuahuita, que abastece a varias comunidades, entre ellas Xoxocotla, y con este recurso el gobierno prevé dar servicio a casi 50 mil nuevas viviendas construidas por las grandes inmobiliarias. Esto pone en riesgo la existencia del agua, porque sobre la cuenca que da vida a esa fuente, se planean construcciones que llevarán a su destrucción, indica Saúl Roque, vocero de este movimiento.
En mayo de 2007, integrantes de los 13 pueblos –Xoxocotla, Tetecalitla, Tepetzingo, Tlaltizapán, San Miguel 30, Santa Rosa 30, Tetelpa, Benito Juárez, El Mirador, Acamilpa, Pueblo Nuevo, Temimilcingo y Huatecalco, de los municipios Puente de Ixtla, Emiliano Zapata, Zacatepec y Tlaltizapán– realizaban una marcha por la autopista y a la altura de Alpuyeca fueron detenidos por policías que golpearon a mujeres y niños, lanzaron gases lacrimógenos y detuvieron incluso a gente ajena a la protesta.
Asamblea comunal
Saúl Roque dice que “no ha habido cancelación de los proyectos y vemos el avance de esas obras en el entorno de nuestros manantiales”. Piden que se designe Área Natural Protegida los manantiales y su zona de amortiguamiento. Ya suman, dice, 60 comunidades en defensa de los recursos naturales y las decisiones se toman en la asamblea comunal.
“El gobierno, cada vez que se le complica la situación por las movilizaciones, dice que estamos conectados con grupos políticos, partidos políticos, el EPR, la APPO, San Salvador Atenco, no se qué más inventan para desprestigiarnos. Este movimiento surgió por una necesidad propia de las comunidades, nos regimos por las asambleas comunales”, explica con voz pausada y firme.
El recuento de daños ambientales que reportan los expertos es grande: los ríos Apatlaco, Cuautla, Yautepec, Amacuzac están contaminados; los manantiales de las Fuentes y Chihuahuita, entre otros, han disminuido su caudal; hay askareles, desechos tóxicos a cielo abierto en un predio del Alpuyeca; crece la urbanización en el Bosque de Agua, donde también se planea la carretera Lerma-Tres Marías, que afectará el área protegida Corredor Biológico Chichinautzin, y también está el libramiento Norponiente. Además, en el centro de Jiutepec, en zona forestal, el único pulmón del lugar, se pretendía construir un conjunto habitacional de 250 viviendas de la empresa Ara, detalla Mónica Romero, vocera de ese movimiento.
La resistencia en esta entidad tiene una característica distinta a otros lugares: hay una vinculación estrecha entre las comunidades que defienden los recursos naturales, los científicos que hacen las argumentaciones y los abogados que se encargan de la parte legal, precisa por su parte Raúl García, experto de la UNAM.
Policías y elementos de la AFI, relacionados con asesinato y agresión en Morelos
Peligroso, oponerse al relleno sanitario en Loma de Mejía
■ Familiares de víctimas prefieren guardar silencio sobre el proyecto del gobierno panista
■ Advierte Amnistía Internacional del riesgo de que se produzcan más ataques contra activistas
Angélica Enciso L. / II (Enviada)
Ampliar la imagen Panorámica del predio Loma de Mejía, en Morelos Foto: Jorge García Madrigal
Cuernavaca, Mor., 7 de julio. Juan Gutiérrez Bernal habría cumplido 28 años el pasado 24 de junio, pero 11 días antes fue asesinado, presuntamente, por elementos policiacos en el paraje Los Cajetes, del ejido Santa María Ahuacatitlán. Su madre, María Bernal, tiene miedo, ya le mataron un hijo, otro está preso, y lo único que pide es que le regresen a éste con vida.
También la familia de Cristóbal Martínez, agente municipal de San Antón, tiene temor, después de la agresión que éste sufrió el 11 de junio y que por poco le hace perder un brazo. Sin embargo, todos guardan silencio. No quieren hablar más sobre lo ocurrido y piden a los periodistas que no relacionen estos hechos con el proyecto del relleno sanitario, planeado por el gobierno municipal panista en Loma de Mejía.
Desde que el plan se anunció, Martínez manifestó su oposición porque, de acuerdo con expertos, está sobre un acuífero que puede contaminarse. La familia Gutiérrez Bernal, a su vez, vive cerca de los accesos al sitio donde se construye el relleno sanitario. Allí, la presencia de elementos policiacos es mayor a partir de que, por el camino conocido como Subida a Chalma, se empezó a llevar maquinaria al lugar.
El 11 de junio a las 13 horas, al salir de una conferencia de prensa, Cristóbal Martínez y Bernardo Hernández abordaron una camioneta y en el trayecto fueron interceptados por un vehículo Commander sin placas, del cual bajaron cinco hombres armados con pistolas que se presentaron como elementos de la Agencia Federal de Investigación (AFI) y les pidieron que se identificaran. Cuando Cristóbal lo hizo le dijeron: “¡a ti te estábamos buscando!” y se lo llevaron.
José Martínez Cruz, de la Comisión Independiente de Derechos Humanos relata que a las 14 horas supieron que el agente municipal fue encontrado herido cerca de una entrada al relleno sanitario rumbo a la carretera Subida a Chalma. Cristóbal fue golpeado con un bate o un fierro en brazos, piernas y cabeza.
“En este caso no hay detenidos ni indiciados como presuntos responsables del intento de asesinato, y lejos de que se hubiera hecho una investigación a fondo se difunde que es un autoatentado y que Bernardo algo tiene que ver. Ahora tratan de voltear las cosas, porque éste también es un activista del movimiento”. Cristóbal se recupera en su casa, a cuyas puertas hay vigilancia policiaca, y dice que la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) debe investigar y definir quiénes son los responsables.
Amnistía Internacional hizo un llamado sobre este caso el pasado 16 de junio, ya que estimó que “otros miembros de este grupo pueden correr peligro de sufrir ataques similares”.
Fueron a cazar conejos
Después de la avenida Subida a Chalma, comienza la carretera que conecta a esta ciudad con el estado de México. Ahí se encuentran dos accesos que conducen al sitio donde se construye el relleno sanitario, y más adelante está la entrada a la comunidad El Cebadal. Los ladridos de los perros dan el recibimiento a los visitantes. En silencio dos parientes de la familia Gutiérrez Bernal saludan. Aún hay flores del velorio y están encendidas las veladoras de los rosarios.
María Bernal dice que ya no quiere hablar de lo ocurrido. Le dijeron que se callara porque si seguía hablando su hijo Refugio, de 33 años, y su sobrino Sergio Gutiérrez González, presos en el Cen tro de Readaptación Social de Altacholoaya, no saldrán de prisión.
Relatos de ciudadanos del movimiento Subida a Chalma y de defensores de derechos humanos que conocieron los primeros testimonios, indican que el viernes 13 de junio, Sergio, Refugio, Juan y dos niños salieron a cazar conejos para comer, ya que en esta temporada se les encuentra con facilidad, y llevaban dos escopetas de municiones registradas en la Secretaría de la Defensa Nacional. Habían terminado su labor y estaban sentados en una camioneta pelando los animales, cuando llegaron elementos policiacos en camionetas y les empezaron a disparar.
Los niños pudieron escapar y buscaron a los parientes que estaban en sus casas; de inmediato todos se trasladaron al paraje Los Cajetes, pero elementos de la AFI les impidieron el paso e incluso Mauricio Chávez Gutiérrez fue golpeado. Los cuerpos policiacos se llevaron a los tres jóvenes y a las cuatro de la madrugada informaron a la familia que Juan había muerto: tenía dos orificios de bala.
En esos días en la zona, relata José Martínez, se vieron hasta 64 patrullas, y “aunque este suceso no tiene que ver directamente con el relleno, la mayor presencia policiaca es por este proyecto. La verdad es que ahí antes no había patrullas”.
Acusan a víctimas
La PGJE consignó a Refugio y a Sergio acusándolos de “homicidio en grado de tentativa, robo calificado y daño en propiedad privada” de acuerdo con las averiguaciones previas TX/3a/1432/ 08-06 y TC/3a/465/08-08.
Martínez indica que de acuerdo con este procedimiento, para las autoridades hubo homicidio en grado de tentativa en contra de los policías que los detuvieron en Los Cajetes, pero no hay ninguna investigación judicial sobre el asesinato de Juan.
Detalla que la primera acusación que se hizo a los campesinos fue por robo de ganado, después se dijo que secuestraron a un policía, lo cual nunca se comprobó, y ahora el juzgado quinto consideró que había elementos suficientes para dictarles auto de formal prisión, por lo que podrían pasar hasta 12 meses detenidos en la cárcel de Atlacholoaya hasta que se determine su estado procesal.
Desoyen argumentos de científicos, expertos en impacto ambiental y quejas de habitantes
Nada frena un proyecto de relleno sanitario de autoridades panistas
■ El tiradero de Loma de Mejía pondría en riesgo el acuífero de Cuernavaca y la biodiversidad
■ Las obras están en marcha, pese a que ciudadanos interpusieron un juicio de nulidad
Angélica Enciso L./III (Enviada)
Ampliar la imagen Pobladores de Loma de Mejía han realizado movilizaciones en contra del confinamiento, acompañados por autoridades religiosas del lugar, pero el gobierno municipal se niega a suspender los trabajos Foto: Jorge García Madrigal
Cuernavaca, Mor. No han bastado los argumentos de científicos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) ni el arbitraje de expertos sobre la manifestación de impacto ambiental (MIA) del proyecto del relleno sanitario Loma de Mejía, los cuales revelan que el sitio donde se planea ubicar es altamente permeable y se pondría en riesgo el acuífero de Cuernavaca, la biodiversidad y la integridad de los habitantes. La obra ya comenzó.
Hay un juicio de nulidad en proceso y se ha iniciado una movilización social ante el plan de la empresa regiomontana Promotora Ambiental de la Laguna (Pasa), la cual sigue adelante con el apoyo del gobierno municipal panista. En una visita a Loma de Mejía se constató que la excavación ya comenzó, y toneladas de arena se acumulan en la pendiente de la barranca La Colorada.
Cuando Pasa presentó –el año pasado– la MIA a la Comisión Estatal de Agua y Medio Ambiente, un grupo de expertos en los distintos rubros que planteaba el documento hizo un análisis de éste y lo entregó al organismo, el cual lo aprobó el 7 de junio, un día después de que recibió los comentarios, lo cual indica que no tomó en cuenta la opinión de los científicos, señala Raúl García Barrios, miembro de la Comisión Coordinadora del Macroproyecto Manejo de Ecosistemas y Desarrollo Humano de la UNAM.
Afirma, en entrevista, que las características del sitio donde se construye un relleno sanitario son importantes, “porque la tecnología es imperfecta. Siempre hay riesgos implícitos y la calidad del lugar permite reducirlos”. La norma 083 regula ese tipo de instalaciones y la principal falla de la MIA tiene que ver con la hidrogeología, ya que Loma de Mejía no cumple con los requerimientos.
La regulación señala que ese tipo de instalaciones no debe ubicarse en áreas que hidrogeológicamente sean vulnerables: pantanos, llanuras aluviales y, en particular, zonas de recarga del acuífero. Tampoco cerca de zonas de tránsito de agua ni de ríos permanentes, para lo cual se establece una distancia mayor a 500 metros. Loma de Mejía es un sitio de recarga que está a menos de 500 metros del río Tilapeña, a un kilómetro del cauce La Colorada, que se forma en la temporada de lluvias, y la mayor parte del año tiene agua. Además está a 1.5 kilómetros del río Sabino.
Detalla que en esa región está el Glacis de Buenavista, especie de abanico formado por el arrastre de material volcánico erosionado y que está disectado por siete ríos permanentes y 260 arroyos y arroyuelos. Se trata de las barrancas y barranquillas de Cuernavaca, un claro sistema fluvial.
Agrega que para definir la permeabilidad del sitio no se hicieron estudios básicos, como el estatigráfico –corte vertical sobre el terreno–, el cual consiste en la construcción de un pozo para llegar a nivel freático y tomar muestras de cada fase del terreno para definir las características de la tierra.
De igual forma, en una carta que 295 científicos de la máxima casa de estudios enviaron el pasado 17 de junio a los gobiernos estatal y municipal se puntualiza que la MIA tiene “estudios geofísicos parciales e incompletos”, pues el sitio es impermeable. “Los análisis directos de permeabilidad muestran conductividades hidráulicas de 6 mil y 33 mil veces más de las permitidas por la NOM-083.”
Agregan que hay omisiones y contradicciones importantes entre el análisis y las conclusiones de la MIA, y falta un análisis serio de beneficios, costos, vulnerabilidad y riesgos del proyecto para la salud pública y el ambiente. “En las conclusiones de la MIA se adopta, sin justificación alguna, el resultado de impermeabilidad, lo cual incide en otras conclusiones; por ejemplo, en el impacto esperado sobre la biodiversidad regional y la intensidad tecnológica necesaria para mitigar y controlar los riesgos.”
El investigador Óscar Dorado fue el coordinador de la MIA –también elaboró la del fracasado club de golf de Tepoztlán– y ha creado un conflicto falso entre la UNAM y la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), indica García Barrios. La manifestación fue hecha por investigadores a sugerencia de Pasa y otro grupo de expertos de la institución educativa morelense, que hizo estudios de biodiversidad y generación de lixiviados, pero no participaron en las conclusiones ni en la integración del documento.
David Valenzuela, del Centro de Educación Ambiental e Investigación Sierra de Huautla de la UAEM y coordinador del apartado de vertebrados de la MIA, expresa que, de acuerdo con el análisis que colegas suyos han realizado de ésta, los resultados tuvieron “un peso específico menor al que debieron haber tenido”.
Indica que el predio analizado tiene gran biodiversidad asociada con las características de las barrancas y es representativa del estado. De las 105 especies de vertebrados detectadas, 20 son endémicas y siete están en algún tipo de riesgo. Se encuentran ahí, por ejemplo, la carpita morelense y el cangrejito barranqueño.
En este capítulo, explica en entrevista, se recomendó llevar a cabo acciones para minimizar la alteración de la vegetación de las barrancas y evitar la contaminación del agua, y se advierte sobre el riesgo de la fauna nociva, como ratas, perros y gatos ferales.
García Barrios señala que en el estado hay 20 mil 800 hectáreas que cumplen potencialmente con la norma 083. De ocho sitios analizados el primero es el Cerdejo, que tiene una calificación de 100, lo cual indica que es el más apto para ubicar un relleno. Loma de Mejía está en el último lugar, con una calificación de 39.